Las diputaciones provinciales nacen con motivo de la instauración del régimen liberal y tienen su origen en la Constitución de 1812, aunque durante el primer tercio del siglo XIX fueron suprimidas en los períodos absolutistas. El Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 sobre el modo de constituir y formar las diputaciones provinciales es el punto de partida para la instauración definitiva de las misma

La Diputación Provincial de Zaragoza, que se estableció y funcionó en 1814 y entre 1820 y 1823, quedó definitivamente constituida en 1836, celebrando su primera sesión el 7 de enero en las Casas Consistoriales del Ayuntamiento. La evolución y el desarrollo de la institución continúan de forma ininterrumpida desde 1837, pasando por momentos bien distintos. En su primera época vivieron en una dinámica oscilante entre el centralismo de la España isabelina, que minimizaba la capacidad de decisión de las diputaciones y reducía su iniciativa a la mera ejecución de las directrices procedentes del poder central, y la autonomía de las autoridades locales defendida por el progresismo. Desde su nacimiento y hasta el Estatuto Municipal de 1924 funcionaron como el órgano superior jerárquico de los ayuntamientos, llevando a cabo funciones de control de determinados asuntos de carácter municipal.

Con las leyes provinciales de 1870 y 1882 ya se atisba el carácter de auténtica administración local de las diputaciones, pero no será hasta 1925, con el Estatuto Provincial, cuando éstas alcancen madurez e identidad propia. Ya no son organismos de la administración periférica del Estado y, dejando al margen la tutela y fiscalización de la actividad municipal, pasan a ocuparse de la asistencia y cooperación con los Ayuntamientos para atender las necesidades de éstos.

La II República supuso la consolidación de la autonomía local, pero ya iniciada la guerra civil, por decreto de 23 de diciembre de 1936, se crean los Consejos Provinciales, que asumieron todas las competencias de las Diputaciones Provinciales en la zona controlada por el Gobierno de la República.

Al final de la contienda, desaparecidos los Consejos Provinciales tras la derrota del régimen republicano, la legislación franquista supone un retroceso en la evolución de las Diputaciones, que quedarán sometidas a las directrices del poder central hasta el final del régimen.

Ya en el estado democrático, la Constitución de 1978 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las entidades locales para la gestión de sus intereses. Y la normativa de desarrollo definirá las dos líneas de actuación de las Diputaciones todavía vigentes en la actualidad: la cooperación con los Ayuntamientos con el fin de asegurar en todo el territorio provincial la prestación de los servicios municipales, sobre todo, aquellos considerados mínimos u obligatorios, y por otro lado, la atención de servicios públicos de carácter supramunicipal.

Historia archivística

En el siglo XIX surgen las diputaciones, que al principio coexisten con los intendentes y acaban por asumir muchas de sus competencias, así como la documentación generada por las instituciones que los precedieron.

El proceso de formación de esta variada masa documental se inicia en 1427 en Teruel, con la decisión del Reino, reunido en Cortes, de que la Diputación del Reino contase con una sede propia. Ya se hacía mención al Archivo, pues el fin era conservar en armarios los procesos de Cortes, los registros de la Diputación, los de la Gobernación del Reino y los del Justiciazgo. El edificio, situado en la actual plaza de la Seo, empezó a construirse en 1437 y en 1450 quedó inaugurado. Existe detallada información, tanto escrita como gráfica, de la distribución del edificio y sus modificaciones posteriores. También se conservan algunos instrumentos de descripción que se redactaron entonces.

La vida de esos archivos corrió paralela a la de las instituciones que los generaron, hasta que en el siglo XVIII sufrió un brusco cambio con la victoria de Felipe V y la instauración de una nueva administración: se extingue la Diputación del Reino que viene a ser sustituida por el intendente. Dado el interés que tenía el archivo para la nueva administración por ser custodio de las “rentas que en lo antiguo gozaba el Reino de Aragón” enseguida nombró un archivero entre sus colaboradores más cercanos. De esta última etapa del Archivo, hasta su incendio en 1809, existe mucha información del Archivo: funciones del archivero, obras en las dependencias del archivo, distribución y mobiliario de las salas, inventarios existentes, estado de los papeles, etc.

De archivar los documentos generados por esta nueva Administración se encargaba,  bajo la autoridad del Intendente, la Contaduría. Sus dependencias se utilizarían como Archivo de oficina, y los documentos más antiguos o de menos uso pasaban al archivo de la Bailía y Maestre Racional. Por tanto, el Intendente asumió la gestión del Archivo del Reino y de la documentación generada por la administración que él dirigía.

En 1809, durante la Guerra de la Independencia, las bombas francesas incendiaron y arrasaron las llamadas Casas del Reino, que contenían los archivos de la Real Audiencia, de la Diputación del Reino, de la Bailía y Maestre Racional y del Justicia de Aragón. Los documentos que se salvaron de las llamas se desgajan e inician un periplo del que hay diferentes interpretaciones. Para reclamar y reunir los documentos dispersos durante el incendio, en 1815 se nombra archivero del Reino y de la Bailía a un oficial de la Contaduría de Ejército y Reino. En 1820 la recién creada Diputación Provincial de Aragón reclamó el archivo como una de sus atribuciones, y los fondos recuperados, junto con el Archivo del Reino, son trasladados a un nuevo local hasta que éste fue reclamado en 1824 por la Administración General de todas las Rentas. Del Archivo del Reino volvió a hacerse cargo el Intendente, figura que siguió vigente durante los primeros años del siglo XIX, llegando a actuar conjuntamente con la Diputación y el Gobierno Político, instituciones creadas en la Constitución de 1812.

Son estos los años clave en que van a reunirse físicamente los tres archivos. El Archivo del Reino se ubicaba en la Contaduría, pero cuando éstas se suprimen en 1822, algunas de sus competencias pasan en 1836 a la Diputación. Ésta última se instaló en su sede definitiva unos años más tarde y poco después también lo hizo el Gobierno Superior Político, convertido en Gobierno Civil en 1834. En ese edificio de nueva construcción permaneció hasta 1911, dejando en él parte de su archivo. Así, los fondos supervivientes del Archivo del Reino, los fondos de la Contaduría de Propios, los de las antiguas Diputaciones Provinciales, así como los generados por las dos administraciones provinciales quedaron albergados en un mismo local. Aunque no hay constancia documental, se piensa que la documentación de la Junta Superior de Aragón formaba parte del Archivo del Intendente, y a través de él pasaría al de la Diputación Provincial.

En 1865 el archivero había denunciado el mal estado de las instalaciones del archivo: un local con alto grado de humedad y escasas dimensiones que obligan a tener los expedientes sin organizar y depositados en el suelo. Dos años después, la Diputación asume la petición, y en 1868 el tema llega al arquitecto provincial. Por fin en 1872, la Corporación Provincial retoma el tema del Archivo asumiendo la construcción de un depósito amplio y digno para sede del departamento y poniendo plazos para “concluir el inventario de todos los documentos de que dicho archivo consta”.

Sin embargo, sólo una década después se vuelven a plantear problemas similares y el arquitecto, en la exposición de motivos de las nuevas obras, aduce: “se me ha encargado solamente indicar la manera de dar más luz al archivo... pero siendo tan preciso como el aumento de luz el del local, hoy insuficiente, incluyo también el adjunto proyecto de ampliación que triplicaría por lo menos la actual cabida de dicha dependencia y facilitaría en extremo el hoy difícil servicio por la inconveniente manera de guardarse muchos legajos”. Dicho proyecto se retomó en dos ocasiones, quedando finalmente realizado en 1891.

La capacidad de almacenamiento de este depósito del archivo no se modificará hasta 1982, coincidiendo con una redistribución de espacios dentro del Palacio Provincial y con el ingreso de nuevos fondos referentes a ciertos Establecimientos de Beneficencia (Hospicio de Calatayud, Maternidad e Inclusa,…). Anteriormente había ingresado la documentación del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y Justicia, hasta entonces custodiada por las Hermanas de la Caridad, y el pequeño fondo del Monasterio de Veruela, que en 1979 fue entregado a la Diputación Provincial, en ese momento usufructuaria de dicho monasterio.

El Servicio Provincial de Administración Local y su heredero, el Servicio de Inspección y Asesoramiento a Corporaciones Locales, estuvieron ubicados en las instalaciones de Diputación Provincial hasta 1971, fecha en que una parte fue trasladada a nuevas oficinas. El resto quedó en Diputación hasta su supresión en 1981, y ese fondo documental pasó al Archivo. Por esa misma razón, por estar ubicado en las instalaciones de Diputación, la documentación del Servicio Forestal se transfirió al Archivo cuando cesó su actividad, años ochenta, centrada principalmente en la repoblación de los montes de la provincia. Y el fondo de la Escuela de Maestras de Zaragoza estuvo ubicado en las antiguas dependencias del Hogar Pignatelli hasta 1987, cuando el edificio propiedad de Diputación, fue cedido para convertirse en la sede del Gobierno de Aragón. Poco después, en 1990, ingresó en el Archivo el fondo de otro establecimiento benéfico, el producido por la Residencia de Estudiantes “Ramón Pignatelli”.

En mayo de 2003 con el nombre de Biblioteca “Ildefonso Manuel Gil” se inaugura un edificio de nueva construcción anejo al Palacio de Sástago que cuenta con más de 8000 metros lineales de estantería distribuidos en seis plantas. A este edificio se trasladan los fondos históricos del Archivo y en la sala de consulta se atienden investigadores tanto de Archivo como de Biblioteca.

Tres años más tarde, otro depósito del Archivo se ve afectado por obras en el edificio que lo contiene. En este caso es el edificio sito en calle Cinco de Marzo y corresponde al Archivo Central. Así, en diciembre de 2006 se desalojan las zonas afectadas trasladando la documentación a la antigua iglesia de la Ciudad Escolar Pignatelli, desde entonces convertida en depósito de archivo.

Forma de ingreso

La transferencia es el procedimiento habitual de ingreso de documentos en el Archivo central, efectuada desde los archivos de oficina de forma regular y periódica, y así consta en el Reglamento del Archivo, pero no es el único método. En años pasados, determinada documentación ingresó en el Archivo de formas muy distintas:

• Legados documentales procedentes de instituciones de ámbito provincial desaparecidas de las que la Diputación formó parte y, por no contar con dependencias propias, estuvieron alojadas en el propio Palacio Provincial: Consejo Provincial, Gobierno Político de Aragón, Servicio Forestal, Servicio Provincial de Administración Local, Servicio de Inspección y Asesoramiento a Corporaciones Locales,...
• Transferencia extraordinaria de documentación como consecuencia de la acumulación y traspaso de competencias de unas instituciones a otras: Diputación del Reino, Intendente, Junta Superior de Aragón, Establecimientos de Beneficencia, Escuela Superior de Maestras.
• Cesión de documentación del Monasterio de Veruela, entregada en 1979 a la Diputación Provincial por ser, desde 1976, usufructuaria de dicho Monasterio (actualmente propietaria).